Al menos el 85 por ciento de las gasolineras del país no cuentan con un programa de verificación que les ayude a cumplir con diversas normativas que establece la ley, como lo son dictámenes de laboratorio sobre la calidad de los petrolíferos, correcta medición de hidrocarburos y petrolíferos, elementos de almacenamiento de información y protección contra códigos malicioso, entre otros, afirmó Jesús Monterrubio gerente comercial de eGas.
“En eGas creemos que el marco normativo de disposiciones que deben cumplir las estaciones de servicio, lejos de ser una carga, constituye una oportunidad para que el permisionario esté al día, lo cual le permitirá mantenerse vigente en un sector que hoy en día está altamente regulado”, dijo el especialista.
Actualmente existen al menos 21 tipos diferentes de verificaciones que las gasolineras deben cumplir y realizar periódicamente cada año y que están apegadas a un marco normativo que, de cumplirse, les permite mantener su operación, evitarse multas e incluso el paro de operaciones.
Para dar cumplimiento a esto, es necesario contar con equipos y programas informáticos entre los que se incluyen equipos y sistemas de medición de software de control volumétrico, calibraciones de equipos, así como contar con servicios de verificación.
“El llevar a cabo estas verificaciones las estaciones de servicio se aseguran la precisión y confiabilidad de los datos, lo que es crucial para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la correcta medición de las cantidades de molécula dependiendo el tipo de operación para hidrocarburos y petrolíferos por cada permisionario dentro de la cadena de valor”, resaltó Monterrubio.
El marco normativo vigente en México para las estaciones de servicio establece que todas las empresas que conforman la Industria de hidrocarburos y petrolíferos en México están obligadas a cumplir con las especificaciones señaladas en el Anexo 30.
El incumplimiento de esta disposición puede acarrear multas elevadas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), llegando incluso a millones de pesos, dependiendo de la infracción.
“En casos graves de incumplimiento de las obligaciones fiscales, las consecuencias pueden ir más allá de las multas, como suspensión de los certificados de sellos digitales, lo cual puede detener las operaciones de facturación y la suspensión de actividades, cancelación de permisos e incluso penas de prisión”, resaltó el especialista.
