México permanece suspendido de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), mecanismo internacional que promueve la rendición de cuentas sobre los recursos provenientes del petróleo, gas y minería, en momentos en que el país analiza la posibilidad de impulsar nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos, incluido el fracking.
El país fue suspendido por el Consejo de la EITI en junio de 2022, después de obtener una calificación general de 49.5 puntos en la implementación de sus estándares, considerada como “baja”, debido, entre otros factores, a deficiencias relacionadas con la participación de la sociedad civil y al limitado progreso registrado en algunos rubros de transparencia.
Posteriormente, en febrero de 2023, México fue nuevamente suspendido temporalmente por incumplir con el plazo establecido para la presentación de información. Actualmente, el país continúa apareciendo dentro de la EITI como país implementador, aunque mantiene el estatus de suspendido.
Durante su participación en un foro sobre fracking, Lorena Caballero, integrante del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, advirtió sobre la falta de información suficientemente desagregada para conocer el destino de los recursos públicos destinados a las industrias extractivas.
La especialista sostuvo que actualmente no existe suficiente claridad sobre cuánto dinero público se destina a las actividades de exploración y producción de empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y cuánto corresponde al pago de sus obligaciones financieras y costos de deuda.
“Si no podemos tener esa información desagregada, sería bastante irresponsable decir que necesitamos inyectar más recursos”, afirmó Caballero, al considerar que el país carece de elementos suficientes para evaluar el costo real de impulsar nuevos proyectos de exploración y producción de hidrocarburos no convencionales.
La especialista señaló que esta falta de transparencia cobra mayor relevancia ante la elevada dependencia que mantienen las finanzas públicas mexicanas respecto de las industrias fósiles y extractivas.
De acuerdo con Caballero, México obtiene 85 veces más ingresos provenientes de actividades relacionadas con los combustibles fósiles que de proyectos sostenibles, una proporción considerablemente superior al promedio de América Latina, donde la relación es de 11 a uno.
Además, indicó que México destina 15 veces más recursos públicos a financiar industrias petroleras y extractivas que a impulsar actividades sostenibles, situación que, a su juicio, limita la capacidad del país para acelerar una transición energética justa.
Caballero consideró que México se encuentra en un punto de inflexión para definir el rumbo de sus políticas fiscal, energética y ambiental, por lo que cualquier estrategia deberá mantener congruencia entre estos tres frentes para evitar que los objetivos de transición energética queden rezagados.
“México no cuenta con suficiente espacio fiscal para ampliar incentivos o renuncias fiscales dirigidas al desarrollo de nuevas actividades extractivas, pues ello incrementaría la presión sobre las finanzas públicas y podría traducirse en una socialización de los costos mientras las ganancias permanecen en manos privadas”, dijo.
La especialista reconoció que la industria de los hidrocarburos seguirá siendo relevante para la economía mexicana durante los próximos años; sin embargo, planteó que los recursos generados por este sector deberían utilizarse para financiar una ruta clara de transición energética y reducir gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles.
